Manuel Chong Fuentes
Economista y académico Ingeniería Comercial
Universidad Andrés Bello


En los últimos años, el incremento de la delincuencia en Chile ha dejado de ser solo un problema de seguridad pública para convertirse en un factor que afecta directamente la economía del país. Los costos adicionales en seguridad para empresas y comercios, sumados a la pérdida de confianza en el mercado, han restringido el dinamismo comercial, reducido horarios de atención y complicado la operación de muchos negocios. Esto, a su vez, se traduce en menor crecimiento y productividad, agravado por un escenario político polarizado que dificulta la implementación de reformas efectivas. La incertidumbre generada por este contexto no solo desincentiva la inversión, sino que también limita el potencial de desarrollo económico en el mediano y largo plazo.
Según las proyecciones, el crecimiento económico para este año se mantendría entre un 1,75% y un 2,75% según el Banco Central, reflejando un leve ajuste al alza respecto a estimaciones previas. Sin embargo, este repunte es desigual: mientras algunos sectores logran recuperarse, otros, como la construcción y el comercio, enfrentan mayores obstáculos debido a la inseguridad. La delincuencia no solo erosiona la confianza de consumidores y empresarios, sino que también incrementa los gastos operativos en seguridad y seguros, reduciendo los márgenes de ganancia y, por ende, la capacidad de reinversión. Este fenómeno tiene un efecto multiplicador: menos contratación, menor dinamismo laboral y, en última instancia, un freno al crecimiento del PIB.
Un aspecto clave es cómo la inseguridad influye en las decisiones de inversión. Durante 2024, Chile recibió más de US$15.000 millones en inversión extranjera directa, destacando reinversiones y flujos hacia minería, energía y servicios, pero persisten preocupaciones en áreas más expuestas a la delincuencia, como el comercio, el turismo y las pymes. Industrias con menor vulnerabilidad, como la minería, logran mantener su atractivo, pero otras podrían ver frenado su desarrollo si no se adoptan medidas contundentes para mejorar la seguridad. La diversificación de las exportaciones y el crecimiento de la inversión en regiones son avances positivos, pero la dependencia del capital extranjero exige garantizar un entorno estable y seguro para sostener estos flujos en el futuro.
El panorama fiscal añade otra capa de complejidad. Con un déficit fiscal efectivo cercano al -2,9% del PIB en 2024 y una deuda pública que supera el 42%, es crucial que el próximo Gobierno optimice el uso de los recursos públicos para no comprometer la estabilidad económica. El desafío será implementar políticas de seguridad eficaces sin afectar las finanzas del Estado ni desalentar la inversión privada. Para ello, será fundamental fortalecer las instituciones encargadas de combatir la delincuencia y fomentar acuerdos políticos que permitan avanzar en soluciones de largo plazo.
En definitiva, el equilibrio entre seguridad, crecimiento económico y estabilidad política será determinante para el futuro de Chile. Las autoridades entrantes tendrán que priorizar acciones que restauren la confianza sin sacrificar el desarrollo, asegurando que el país mantenga su atractivo para inversores y, al mismo tiempo, garantice condiciones de seguridad básicas para la actividad comercial y la vida cotidiana. Solo así se podrá aspirar a un crecimiento sostenible que beneficie a todos los sectores de la sociedad.