POR ALEJANDRO SUMONTE VERDEJO JUEZ TITULAR DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE LINARES.

Si usted ha leído alguna resolución y ha escuchado frases tales como “Autos para fallo” o se “trabó embargo”, “lanzamiento previa intimación”, “se condena en costas”, “desahucio”, la mayoría de las personas que no sean abogados, procuradores, técnicos jurídicos o jueces no las conoce, lo que produce una incomprensión de lo que se está diciendo en una resolución.
El poder Judicial como poder del Estado, ha llevado a cabo una política de lenguaje claro, a través de la comisión de lenguaje claro que ha establecido una serie de recomendaciones a los jueces a efectos de dar a conocer sus resoluciones en forma clara a los intervinientes y usuarios de la institución para dar legitimidad a la judicatura, toda vez que va de la mano con la garantía constitucional del debido proceso, por cuanto permite al ciudadano comprender la actividad de los jueces.
Un Estado que desee consolidarse democráticamente no solo debe sustentarse en la presunción del conocimiento de la ley por parte de los ciudadanos (Poblete y Fuenzalida, 2018: 69), sino que tiene la obligación de difundir sus normas para que sean conocidas. Varios países, entre ellos Chile, tienen como compromiso internacional, a través de la Alianza de Gobierno Abierto, el deber del Estado de hacer más accesible la información. Esto se convierte en un deber institucional que impulsa a aclarar la información a través del lenguaje que utilizan los diversos poderes del Estado para comunicarse con los ciudadanos.
Una información comprensiva, permite a los ciudadanos entender las resoluciones y ejercer de mejor manera sus derechos. En este sentido, la política de lenguaje claro pide que las sentencias sean breves, no utilicen latinismos, que para la mayoría de la población son inentendibles.
Una sentencia debe tratar en forma ordenada todos los asuntos que deben ser resueltos por el juez, no usar términos complejos, ni expresiones redundantes, para que en definitiva pueda ser comprendida por todos.
Debemos tener presente que el lenguaje construye realidades y dentro de las recomendaciones que se han efectuado, hay una que se debe destacar, es que se debe evitar el uso de lenguaje estigmatizante o discriminatorio en contra de los pueblos originarios, migrantes, personas con discapacidad, privados de libertad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, diversidad sexual, etnias, religión o creencias, ideologías políticas y cualquier otra situación que genere discriminación.
Finalmente citando un párrafo del libro LA URGENCIA DEL USO DEL LENGUAJE CLARO EN EL ÁMBITO JUDICIAL, escrito por Claudia Poblete, José Luis Alliende, José Luis Guerrero, Walter de la Rivera, Guillermo Soto, y Carlos Vergara B, se puede concluir que conceptualmente no resulta sostenible que los órganos del Estado (léase tribunales y jueces) obliguen a una persona a responder por los actos que realice, tildándolos de ilícitos, si la propia autoridad estatal no ha facilitado el conocimiento y la comprensión de las normas que vedaban su ejecución, permitiéndole representarse la consecuencia de su infracción y, en esa medida, adoptar las decisiones que estime conveniente en ejercicio de su libertad. Esa inacción o, al menos, insuficiente proactividad estatal, es todavía más inconsecuente si se piensa que, tanto en términos abstractos como desde el punto de vista práctico, la conducta esperable por parte del sujeto destinatario de la norma jurídica debería ser una que se adecuara a dichos mandatos, finalidad cuyo logro se ve remoto o inalcanzable si no se adoptan las medidas para darla a conocer y resguardar que sea adecuadamente comprendida.
Es por esto por lo que el lenguaje claro y comprensivo se alza como uno de los desafíos más urgentes que debe enfrentar el poder judicial en estos tiempos y marca un necesario compromiso con la construcción de un estado democrático de derecho.