Camilo Cornejo Orellana
Académico Ingeniería Comercial
Universidad Andrés Bello, Concepción

Más de 93 mil millones de pesos se distribuyeron en 2024 a 307 municipios, provenientes del royalty minero, asignación que, sin duda alguna, provoca un efecto positivo para redistribuir y mejorar las condiciones de vida de las familias. Estos fondos se dividen en dos partes, los FET (Fondos de Equidad Territorial), asignado a 300 comunas, y los FCM (Fondo Común Minero), este último se asigna a 43 comunas como medida de compensación del daño medioambiental.
Los recursos se asignan a 307 de 346 comunas del país, 88,73% del total, sin duda, una medida que impacta positivamente, y abarca gran extensión del territorio. Sin embargo, estas asignaciones se deben mirar con precisión. Las comunas de la Región Metropolitana reciben, en promedio por asignación FET, $562 mil millones (28 comunas), en comparativa con el resto del país, $202 mil millones en promedio de FET para 272 comunas del resto del país.
Esto determina un punto muy relevante en el debate sobre la descentralización, considerando que la problemática actual es la asimetría existente a nivel nacional, lo que impacta sobre la calidad de vida de la población, lo cual se asocia no solamente al poder adquisitivo, sino también a la expectativa de vida de una persona. Por lo cual, la correcta asignación es clave para el correcto desarrollo del Estado, y el cumplimiento de su rol como tal. Pese a que se asignaron los recursos, y pueda ser justificado por densidad poblacional la mayor asignación a comunas de la RM, ¿es viable la asignación directa a los Municipios?
La respuesta es cuestionable, considerando los niveles de corrupción existentes y, sobre todo, el endeudamiento de los Municipios a nivel nacional, que podría implicar su utilización como capital de trabajo necesario para el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo, lo que, a pesar de generar un balance positivo de caja, evita lo fundamental, que es incrementar el gasto sobre el desarrollo comunal.
Bajo esta mirada, es que es importante indicar que, a pesar de ser los FET y FCM elementos positivos, deben ser no solamente controlados en su asignación y gasto, sino que también, evaluados, considerando que las necesidades de la población son enormes, y con el presupuesto municipal no alcanza. A lo que es preciso sumar, además, la acumulación de deuda.
Con esto no se busca criticar la asignación, sino más bien, entregar una mirada crítica sobre la efectividad del traspaso, sumado a que siempre se debe tener en cuenta que, las comunas con mayores necesidades de recursos son rurales y en ellas se enfoca la agricultura familiar campesina (como Ercilla con un 48% de la población bajo el umbral de la pobreza). Otro factor que debe ser observado es que hay, en conjunto, una correlación positiva entre comunas con menores recursos y tasas de delincuencia (por ejemplo, las comunas de la Araucanía).
Frente a este escenario es clave entender las necesidades de la población, y de os agricultores, quienes exigen, sin duda alguna, incrementar el gasto en seguridad y desarrollo económico, lo cual es un punto en discusión actualmente. ¿Solución en comunas rurales y agrícolas?, enfocarse en los tres pilares fundamentales, fondos de desarrollo agrícola-campesino que permitan el desarrollo económico y social, incremento en la seguridad, enfocados en delincuencia y terrorismo, e incremento en la transparencia del gasto comunal, que permita asignar a desarrollo y no a una caja chica del gestor de turno.