La Comisión de Seguridad Ciudadana inició la discusión de un proyecto que modifica el Código Penal. La finalidad es establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.

El texto señala que, considerando las instrucciones establecidas, actualmente, para la legítima defensa, como el principio de legalidad, proporcionalidad y necesidad, subsiste una dificultad en términos de la jerarquía normativa de tales reglas.
Por ello, a juicio de los autores, resulta necesario regular las situaciones de mayor gravedad que puedan conllevar un riesgo a la integridad física y la vida del funcionario policial o de terceros. La idea, es efectuar una adecuada protección del ordenamiento jurídico mediante una nueva hipótesis de legítima defensa privilegiada.
En esta nueva hipótesis se recogen, expresamente, los casos en los cuales se encuentran absolutamente exentos de responsabilidad criminal aquellos funcionarios que llevan a cabo conductas para repeler agresiones con riesgo a su integridad o la de terceros. Asimismo, cuando impidan la consumación de graves delitos.
Hubo coincidencia en que hay una situación anormal en cuanto a la legítima defensa. Hoy no hay ningún respeto a la función de las policías y, por eso, se busca entregarle proporcionalidad.