Por una contundente votación, la Cámara aprobó las enmiendas del Senado al proyecto que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de inhibidores de señal de telecomunicaciones.
La idea de esta iniciativa, despachada al Ejecutivo a fase de promulgación, es impedir el uso de instrumentos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal de telecomunicaciones.
Solo quedan exceptuados de utilizar estos inhibidores de señal las policías, las FF.AA., Gendarmería de Chile, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Además, la Presidencia de la República y las carteras del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.
En el Senado, se agregaron nuevas instituciones a dicho listado. Así, pasaron a integrarlo las empresas autónomas del Estado (y sus dependientes), que formen parte de la industria de la defensa. Además, se incluirán el Servicio Nacional de Reinserción Social y el Servicio Nacional de Menores. También una sociedad que se adjudique la concesión de un recinto penitenciario.
Por otra parte, se incorporó en la norma la adquisición de dichos elementos y se fija que el Ministerio encargado de la seguridad podrá autorizar el uso de dispositivos electrónicos. En razón de lo anterior, se sancionará a quienes no estén autorizados para su utilización.
La normativa -originada por el Ejecutivo- dificulta el uso de la tecnología en la comisión de delitos, por parte de bandas de crimen organizado en nuestro país. Lo anterior, principalmente, en delitos al transporte de carga, ya sea para robar la mercadería o el vehículo, lo que afecta la seguridad de los conductores.