Yalile Said Vivanco
Magister en Educación
Directora General de Certum


La explosión en el Instituto Nacional Barros Arana, con estudiantes heridos tras manipular bombas molotov, es más que un accidente: es síntoma de la crisis de autoridad en nuestras escuelas.

La idea de que la relación entre educadores y alumnos debe ser igualitaria y priorizar el diálogo sobre el orden y el bien común, ha restado atribuciones a los profesores para guiar a los estudiantes. Este es un caso extremo de falta de autoridad, pero la vemos en la convivencia diaria de cientos de escuelas.
Los niños no solo van al colegio a aprender matemáticas o ciencias; también aprenden cómo convivir en sociedad. Para ello, se necesita autoridad, no como control abusivo, sino como un pilar que garantiza respeto y orden mutuo. Como dice Kathya Araujo: la autoridad garantiza la protección, precisamente, ante asimetrías de poder dentro de la comunidad.
El proyecto de ley de convivencia escolar que tramita el Congreso no fortalece esa autoridad. Al contrario: entrega más poder a los apoderados y a la Superintendencia de Educación. Permite a apoderados o externos al colegio recurrir a la Superintendencia no solo cuando se incumple la ley, lo que es razonable, sino también para cuestionar cualquier decisión que, desde su subjetividad, consideren que afecta el proceso educativo. Esto abre la puerta a una intervención excesiva que socava la autoridad escolar.
Este proyecto perpetúa una lógica equivocada: más control familiar, menos apoyo a la labor educativa. Antes de que sea más tarde, necesitamos cambiar el enfoque, devolver la autoridad a los docentes y reducir la burocracia, para potenciar su verdadera tarea: enseñar y formar ciudadanos responsables.