Con la aprobación de una de las normas centrales, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado inició el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que modifica el Código Penal para incrementar las penas de los delitos que sean cometidos contra menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.



La iniciativa, también conocida como "Ley Tamara" en memoria de la pequeña Tamara Moya quien falleció cuando su familia fue sometida a una "encerrona" y amenazados con armas de fuego, está siendo discutida en particular por esa instancia y en la primera sesión, se escuchó al Ejecutivo que explicó los alcances de los cambios propuestos.



En lo fundamental, el gobierno propuso varias indicaciones de carácter formal, pero la más sustancial es la que buscaba perfeccionar un agravante que actualmente existe en el Código Penal y no crear uno nuevo como lo propone el proyecto.



Según el Ejecutivo, se optó por reformular el agravante y no incorporar uno nuevo, por las conversaciones que tuvieron con los distintos organismos especializados y porque se estima que así se puede satisfacer la necesidad de sancionar con mayor seguridad pero sin faltar a los preceptos constitucionales y legales en la materia.



No obstante, los senadores no fueron partidarios de esa tesis y se inclinaron por mantener la creación de un nuevo agravante en el Código Penal, tal como lo propone el actual proyecto.



Así las cosas, se aprobó por unanimidad crear el agravante N°22 referido a que cuando los delitos sean cometidos contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad, el juez podrá considerar un aumento de la penas.



En opinión de los congresistas, se aprobó la norma más importante de este proyecto, que establece un agravante de responsabilidad penal, cada vez que exista como víctima de uno de estos delitos, un niño, niña adolescente, una persona en situación de discapacidad o un adulto mayor.