La Cámara de Diputadas y Diputados solicitó al Ejecutivo regular y entregar atribuciones claras y específicas a las empresas de seguridad privada. La medida se enmarca en la aprobación de la resolución 624, que busca normar a este tipo de rubro, el que opera tradicionalmente en la banca y en los centros comerciales.
La iniciativa, aprobada por 77 votos a favor, 27 en contra y 10 abstenciones, tiene por objetivo proteger la vida e integridad física de las personas que trabajan en esta área.
El texto propone al Presidente de la República que, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, patrocine reformas al Código Penal. De esta forma, se crearía un Título relativo a las “Empresas de Seguridad”.
Los autores de la petición consideraron los siguientes parámetros para legislar en la materia:
-Que las empresas de seguridad privada no estén obligadas a que sus vigilantes utilicen uniformes. La empresa deberá, en cada caso, justificar la no utilización del mismo en post de la protección e integridad física de las personas que operan en sus dependencias.
-Que los vigilantes de empresas privadas puedan portar armas en centros comerciales, empresas de servicios básicos e infraestructura crítica.
-Se solicita incluir sistemas tecnológicos que permitan un traslado eficiente, eficaz y seguro de dinero.
-Se pide crear la figura del fiscal de la víctima o “fiscal bancario” (mediante una alianza publico privada). Éste podrá ejercer las acciones penales en representación de víctimas que hayan sufrido robos violentos a la salida de bancos e instituciones financieras.