Fue en el verano del año 2022 cuando Gustavo Dagoberto Contreras Carrasco comenzó a ofrecer, por redes sociales, la venta de parcelas de 5 mil metros cuadrados en un sector rural de Longaví. La reserva para efectuar la compra era de 7 millones de pesos, siendo el valor total cercano a los 25 millones.
A los pocos meses los compradores comenzaron a ver que todo se trata de una estafa, realizando la denuncia que fue acogida por la fiscalía de Linares y de esta forma el fiscal Alexie Crisóstomo dispuso de diversas diligencias que finalmente permitieron levantar toda la documentación pericial y administrativa que permitió formalizar cargos en contra del imputado por el delito de estafa y otras defraudaciones en contra de particulares.
“Debido a denuncias recibidas directamente en la fiscalía de Linares como también querellas presentadas, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Delitos Económico de la PDI de Linares, la realización de diligencias para esclarecer los hechos denuncias. Estos hechos consistían que desde febrero a septiembre del año 2022 el imputado ofertó por diversos medios la venta de lotes de 5 mil o más metros cuadrados que nacen de una subdivisión predial en la comuna de Longaví. Él señala que el lote era de propiedad de una sociedad donde él era representante y único socio. Además, señalaba que existía una subdivisión en trámite en el Servicio Agrícola y Ganadero. Los interesados debían efectuar una reserva por 7 millones de pesos y firmar posteriormente un documento por el cual se hacía la reserva de los lotes. Así una vez que el Servicio de Impuestos internos asignar los roles a los lotes o en plazo de 5 meses se firmaría el contrato de compra y venta. Pero nada ocurrió en torno a aquello y por eso las víctimas presentaron las denuncias y querellas respectivas.” afirmó el fiscal Crisóstomo.
El fiscal señaló además que las diligencias permitieron establecer que ese inmueble nunca perteneció a la sociedad que representaba el imputado y que además no existía ningún ingreso o solicitud predial presentada ante el SAG.
"De esta forma - agrega Crisóstomo - la fiscalía pidió audiencia de formalización por el delito de estafa reiterado que afectó a 32 personas, siendo formalizado y tras cuatro horas de debate el tribunal acogió cada uno de los argumentos presentados por el ente persecutor junto con la petición de prisión preventiva y se fijó plazo de investigación de cuatro meses".
Al término de la audiencia, que se extendió por cerca de 4 horas, los afectados agradecieron el trabajo realizado por el fiscal, quien tiene también a su cargo otras posibles estafas de este imputado a víctimas en un predio agrícola de la comuna de Yerbas Buenas, materia que actualmente es objeto de una nueva investigación penal en su contra.