Por estos días se ha formado un debate en toro al uso o no de armas para funcionarios de seguridad pública.
La discusión entre otros frentes ha concitado la inquietud ciudadana por la falta de personal de carabineros para responder ante hechos de flagrancia, a pesar de los esfuerzos que hace carabineros y la PDI, pero que en muchos casos no obtiene los resultados favorables debido a la sobrecarga de trabajo y estar sumidos en contingencias administrativas que terminan por frustrar en el ciudadano común y corriente el deseo de verse protegidos.
No es culpa de las instituciones es un tema del sistema que no ha dado los resultados esperados en base a las propuestas hechas por el Estado; cuentas que terminan siendo cobradas recurrentemente a las instituciones garantes de la seguridad en el país.
Quizás debiera efectivamente entregarse algunas facultades a los equipos se seguridad pública que operan en estos días en las comunas; y eso pueda ser una atenuante para que puedan ejercer su labor con algo más de tranquilidad a la hora de tener que concluir a zonas conflictivas o responder a procedimientos donde la policía no llega por las razones descritas.
Para muchos es un despropósito otorgarles este tipo de protección y a la vez atribución para desarrollar su trabajo. Lo cierto es que en muchos casos son la primera respuesta en un hecho y no tienen ni los medios ni las atribuciones para poder resolver.
¿Una medida temporal?. Puede ser ¿Una solución piloto, restringida y permanentemente monitoreada por instancias superiores?. Tal vez.
Las autoridades nuevamente tienen la palabra. Y debieran adoptar resoluciones en el corto plazo, para responder a la inquietud ciudadana que exige mayor acción en esta materia.