Recientemente, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó solicitar al Presidente de la República que instruya a los ministros de la Vivienda, Economía, Agricultura, del Trabajo, Bienes Nacionales, Obras Públicas y Medio Ambiente para que, en conjunto con representantes del Congreso Nacional, los gobiernos regionales y las organizaciones representativas del campesinado, realicen un estudio acerca del impacto de la migración rural hacia las ciudades.

El propósito de la resolución es cuantificar tanto los costos de la alta concentración urbana que se ha venido produciendo en el país, como las inversiones requeridas para revertir este fenómeno y su impacto en la economía y las condiciones de vida de las personas.

Adicionalmente, los parlamentarios pidieron al Ejecutivo que presente un proyecto de ley para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones en orden a establecer, a nivel nacional, limitaciones a la expansión de las ciudades de mayor tamaño, las cuales no puedan ser modificadas por los planes reguladores locales.
En sus fundamentos, el texto aprobado precisa que el país ha venido experimentando ya desde comienzos del siglo pasado un incesante proceso migratorio de las personas desde los campos a las ciudades, lo que genera graves problemas tanto en los espacios rurales como en los urbanos y que exigen la adopción de medidas e incentivos que reviertan o al menos detengan este fenómeno.