Haciendo frente “a una serie de trámites que deben considerarse” a la hora de materializar una expulsión administrativa, el Senado respaldó el mensaje que modifica la ley 21.325 ampliando de 48 horas a 5 días corridos, el plazo máximo de detención del extranjero con orden de expulsión.
El texto –que quedó en condiciones de convertirse en ley- precisa que se busca “asegurar la materialización de la expulsión administrativa, permitiendo así que puedan efectuarse todas las actuaciones previas necesarias para que dicha medida, efectivamente pueda practicarse”.
En este sentido se recordó que “a marzo de este año, estaban pendientes de expulsión más de 20 mil personas, con un elevado costo para el país”.
Además, se advirtió que la medida debe ir “acompañada de otras normas”, de un “mayor compromiso del gobierno” y la “necesaria colaboración con otros países, para poder llegar, además, por vía terrestre”.
Por su parte, la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, señaló que el proyecto “no está incluido en el fast track legislativo acordado en materia de seguridad, pero sí está en el compromiso transversal que se tomó en el mes de enero”.