A raíz de la escasez de matrículas en los establecimientos educacionales públicos, que alcanza los 880 alumnos según informó esta mañana el Ministerio de Educación, y la violencia desatada que se vive al interior de diversos colegios, apoderados de distintas comunas han optado por educar a sus hijos en recintos irregulares. Tal como reveló Emol, son casas particulares, que cobran una mensualidad de alrededor de 180.000 pesos, a donde los padres recurren para educar a sus hijos y que los preparen para rendir exámenes libres.
En este contexto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, comentó que la Superintendencia de Educación va a fiscalizar esta situación, ya que "es muy importante resguardar que el servicio educativo se provea en las condiciones que define la institucionalidad y la regulación en Chile". En este sentido, ratificó que en su rol como órgano rector, "vamos a estar monitoreando aquello de modo tal que en el fondo el servicio educativo se entregue de acuerdo a la normativa vigente". Sobre la violencia que existe al interior de los recintos educacionales, que han sido una de las motivaciones de diversos padres para acudir a estas casas particulares, informó que se encuentran trabajando en ello. "Es un tema que hemos estado trabajando como parte integrante muy fundamental del plan de reactivación educativa", asegurando que es uno de los tres ejes del plan de convivencia y salud mental. Este plan contempla "una serie de intervenciones que nos ayudan a abordar este hecho de modo más sistemático. Este año tenemos 160 comunas que van a estar trabajando con el plan, el programa "A convivir se aprende". Tenemos también el trabajo de habilidades para la vida". Además indico que se encuentran trabajando en un proyecto de ley para "abordar el tema de convivencia de un modo sistémico". Que, entre otras cosas, incorpora "cómo fortalecer las capacidades en los establecimientos educacionales para abordar este desafío".