Felipe Vergara Maldonado
Analista Político
Universidad Andrés Bello

La detención del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, era cuestión de tiempo y algo que todo el país esperaba, debido a la gravedad de los hechos de los que se le acusa. A esto se suma las distintas aristas que se han desplegado en torno al caso y que dan cuenta de un eventual abuso de poder en el ejercicio de su cargo y la posible existencia de ciertos privilegios y facilidades hacia la figura que hasta hace un mes lideraba a los organismos de seguridad a nivel nacional.
En este contexto, resulta fundamental observar el papel que jugará el Gobierno en las próximas etapas de formalización, investigación y eventual condena. Si bien el propio presidente Boric reaccionó de inmediato manifestando a través de sus redes sociales que, “en Chile nadie está por sobre la ley” y ha mostrado su disposición para colaborar en cada instancia requerida, hasta el momento la actual administración no ha logrado transmitir de manera efectiva su preocupación ni la molestia que este caso le genera. Este problema comunicacional ha dificultado que la proyección de una postura firme y clara frente a la situación.
Otro punto clave es el rol de la Fiscalía y el Ministerio Público tras la formalización. La ciudadanía espera transparencia en las pericias realizadas y en los resultados obtenidos, debido a la relevancia de la figura involucrada. Esto no solo es un ejercicio de justicia, sino también de compromiso con la opinión pública, que precisa claridad en relación con los avances y conclusiones de esta investigación, salvaguardando, por supuesto aquellos aspectos que tengan que ver con la protección de la víctima.
Es imperativo que el proceso sea lo más fiable, eficiente y rápido posible, para no dejar lugar a dudas sobre las consecuencias que se determinen en esta causa. Como sociedad, no podemos permanecer indiferentes ante hechos de esta naturaleza. Sin embargo, es igualmente importante evitar que el proceso se convierta en una caza de brujas o en una persecución política contra el gobierno actual. En cambio, esta situación debería servir como una oportunidad para revisar y mejorar los protocolos, avanzando hacia un sistema que elimine la violencia de género y mantenga la atención en los hechos investigados.
A veces, el exceso de protagonismo o el interés en pequeños beneficios políticos puede desviar el foco hacia acusaciones y advertencias que, si bien pueden tener relevancia, no son el centro de la investigación. Es esencial recordar que lo urgente es esclarecer la denuncia de violencia que pesa sobre Monsalve y que no se desvíe la atención de este aspecto que es el central.