Reconociendo la importancia de las mujeres en todas las fases de la pesquería nacional, además de visibilizar los problemas que enfrentan a diario, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, aprobó en general dos proyectos de ley en materia de género para el sector, que se encuentran cumpliendo su segundo trámite constitucional.



La instancia especializada, presidida por el senador Gustavo Sanhueza, entregó su respaldo unánime al proyecto que modifica la ley N°21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, para incorporar normas sobre enfoque de género en su administración y al que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura, respectivamente, y acordó realizar audiencias para avanzar en los análisis en particular.




Durante la última sesión se escuchó a representantes de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, quienes detallaron que las mujeres representan el 25,7% inscrito en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) y según las actividades que realizan, 22584 son recolectoras, 580 armadoras, 7526 pescadoras y 60 buzas.



En otro orden, se hizo presente que la nueva ley de pesca -recientemente ingresada a la Cámara- posee dentro de sus pilares el principio de la equidad de género.





La idea matriz del proyecto para incorporar normas sobre enfoque de género en su administración, consiste en incorporar medidas de equidad de género en la ley N° 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas de pesca artesanal y fija normas para su declaración y asignación.



Para ello, se considera la inclusión de las organizaciones de mujeres pescadoras o que desarrollan actividades conexas a la pesca en la administración de las caletas de pesca artesanal, infraestructura con enfoque de género, y medidas que garantizan la participación de las organizaciones de mujeres y consideran las necesidades integrales de quienes realizan dichas actividades, en concordancia con lo estipulado en la ley 21.370.