Mauricio Sánchez Aliaga
Académico Trabajo Social de U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

Respecto a la situación difundida por diversos medios sobre la “niña boliviana vendida para servidumbre en una toma de terreno”, es fundamental reconocer la gravedad e inaceptabilidad de los hechos.
No solo se trata de una vulneración profunda de derechos fundamentales, sino también de delitos gravísimos, cuyas responsabilidades individuales deben ser investigadas y sancionadas con el máximo rigor.
Pero además de condenar lo ocurrido, debemos asumir la responsabilidad colectiva: no basta con denunciar, también corresponde garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna. ¿Debemos preguntarnos qué actores institucionales fallaron o no visibilizaron a tiempo esta situación? Sí, pero también debemos reconocer que el Estado, las familias, la sociedad civil y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad y capacidad de acción.
Contamos con normativas para la protección de la niñez y juventud tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos. No podemos atribuir estas prácticas solo a otras culturas; esa narrativa alimenta discursos peligrosos, estigmatiza comunidades migrantes y precarizadas, y criminaliza la pobreza.
El desafío es colectivo: transformar lógicas adultocéntricas, patriarcales y de minorización que atraviesan nuestras sociedades y prácticas, para que las niñeces y juventudes vivan plenamente y sean reconocidas como sujetos políticos válidos.

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