La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a tercer trámite el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

El texto ya había sido aprobado en su idea de legislar en una sesión anterior. Sin embargo, su articulado había quedado pospuesto debido a un segundo análisis por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Allí el Ejecutivo intentó, sin éxito, buscar acuerdos en diversas materias donde a su entender, se alteró la idea matriz del texto.
Las indicaciones finalmente rechazadas en la comisión, tampoco prosperaron en sala, salvo una de ellas relacionada con la imposibilidad de detener a quienes, habitando un terreno ocupado, se encuentren en el catastro anual de campamentos.
Así, se cayeron aspectos como considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, y revertir la legítima defensa privilegiada que, a juicio del Gobierno, da pie a que los propietarios busquen hacer justicia por su cuenta, lo que derivaría en enfrentamientos entre las personas.