Un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, reveló un factor clave detrás que suma al sostenido incremento en las tarifas eléctricas: los contratos firmados antes de 2015 -y que aún se encuentran vigentes- están indexados al precio de combustibles fósiles, por lo que no sólo experimentan variaciones asociadas al incremento de estos combustibles sino que además están impidiendo que los consumidores regulados accedan a los beneficios de una matriz energética más limpia y económica.
Estas estructuras contractuales, diseñadas en un contexto económico y tecnológico ya superado, hoy representan una carga para los hogares chilenos.
Entre junio de 2024 y enero de 2025, los consumidores residenciales experimentarán un alza promedio de $14.600 en sus cuentas mensuales de electricidad, alcanzando un total de $38.000 para un hogar que consume 180 kWh al mes. Este aumento que pone en jaque los presupuestos familiares, además de responder a correcciones resultado de postergaciones de precio durante la pandemia, están directamente relacionado con la vigencia de estos contratos antiguos que trasladan a los consumidores la volatilidad de los precios internacionales de combustibles como el petróleo y el carbón.
Aunque inicialmente se justificaron para garantizar estabilidad en el suministro eléctrico, hoy resulta un anacronismo que beneficia principalmente a las grandes generadoras.
El informe de ODECU señala que las 4 principales empresas generadoras concentran el 65% de las ganancias derivadas de estas alzas tarifarias. Durante los últimos dos años, estas empresas han registrado ingresos extraordinarios, superando los US$2.300 millones anuales.
Este escenario evidencia una desigualdad estructural: mientras los grandes consumidores, como la industria minera, han renegociado sus contratos para beneficiarse de la caída en los costos de las energías renovables, los hogares y pequeñas empresas siguen atados a un marco contractual obsoleto.