“La obligación de pagar pensiones de alimentos es una obligación que no puede eludirse”, se escuchó durante las argumentaciones en torno al proyecto que impide la adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (NID),a quienes, al momento de la postulación y la adjudicación, respectivamente, tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.



Las senadoras Claudia Pascual e Isabel Allende y los senadores Alfonso de Urresti y Gustavo Sanhueza destacaron la importancia del mensaje en el marco de la integridad y ética en el quehacer científico, específicamente, en el ámbito de los actores de dicho sistema, lo que requiere asegurar un comportamiento ético, transparente y responsable en cada acción y decisión tomada.



En esta línea se remarcó la importancia del Registro y se precisó que, según datos entregados por el Poder Judicial, al 2 de abril de 2024, más de 89.877 alimentarios y alimentarias se vieron beneficiados con el procedimiento, alcanzando un total de montos de más 46 mil millones de pesos.



A juicio se las y los parlamentarios, esta es una forma de generar más conciencia en la sociedad y se aludió a las mociones presentadas, con el objeto de impedir a quienes tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ser candidatos a cargos de elección popular.



Además, se recordó que en la Comisión de Desafíos del Futuro se advirtió el tema y desde 2023 se realizaron una serie de gestiones para identificar a deudores de alimentos entre becarios con beca Chile.



El proyecto, que fue respaldado por la unanimidad de la Sala, ahora cursará su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.