Con 134 votos a favor y una abstención, la Cámara aprobó la resolución 831. En ella se solicita al Presidente de la República que ponga urgencia al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de víctimas de delitos.
Las autoras y autores de la petición aseguran que se requiere de un servicio que ordene y potencie la oferta pública que actualmente ofrecen las Corporaciones de Asistencia Judicial. También solicitan asesoría jurídica, psicológica y social a las víctimas de delitos.
Agregan que nuestro país ha dado pasos significativos, impulsando reformas que modernizaron el sistema de justicia. Sin embargo, existirían desafíos pendientes en la materialización del derecho de acceso a la justicia. Especialmente, respecto a la oferta estatal de defensa y representación jurídica.
Las y los legisladores dicen que la responsabilidad de entregar servicios jurídicos a la población que no posee los medios recae en la Defensoría Penal Pública y en las denominadas Corporaciones de Asistencia Judicial.
Estas instituciones, según el texto, no dan abasto para atender a las víctimas de delitos. Además, las Corporaciones no contarían con apoyo explícito para participar del proceso penal. Esto, a diferencia de los imputados, quienes pueden recurrir a una institución profesional dedicada exclusivamente a su defensa.
La resolución la presentaron Mercedes Bulnes (IND), María Francisca Bello (PCS), Javiera Morales (PCS), Marcela Riquelme (IND) y Gonzalo Winter (PCS).