La comisión especial investigadora que analizó las responsabilidades políticas en torno a los criterios aplicados para conceder aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en Ñuble y Biobío, aprobó su informe de conclusiones. En este marco, una de las premisas respalda la idea de fortalecer la institucionalidad del recurso hídrico.
La instancia tuvo como origen la denuncia de distintos agricultores y usuarios de derechos de agua en la región de Nuble.
Es así que las conclusiones planteen la necesidad de promover diversas propuestas de adecuación legislativa para fortalecer la institucionalidad del recurso hídrico. Especialmente, se espera prevenir conflictos futuros en torno al llamado mercado de derechos de aprovechamiento del agua.
Puntualmente, se insta a establecer mecanismos más efectivos de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas. De igual modo, se pide un fortalecimiento en las facultades de la Dirección General de Aguas en caso de conflictos.