La violencia que enfrenta el país ha alterado las rutinas diarias de la población, como parte de una contingencia extendida que también ha permeado el sistema escolar. A este panorama se agregan protestas de apoderados por los frecuentes hechos que han derivado en la suspensión de clases. Una medida adoptada con mayor urgencia en el caso de narcofunerales y otras amenazas ocurridas al interior de los mismos establecimientos. Según datos del Ministerio de Educación (Mineduc), 140 establecimientos educacionales han debido suspender clases por hechos de violencia, ejecutados tanto por miembros de las comunidades educativas como por personas ajenas a estas, desde marzo de 2022 al 11 de octubre pasado. Este registro lo encabeza la Región Metropolitana, con 45 casos. Le siguen La Araucanía (34), Coquimbo (13), Biobío (13) y Valparaíso (12).