Este miércoles se llevó a cabo una compleja y extensa tramitación de la partida de Educación en el marco de la Ley de Presupuesto, que se prolongó durante casi siete horas y estuvo marcada por momentos de gran tensión. El escenario se presentó particularmente difícil desde el inicio, ya que en la comisión mixta se rechazaron las asignaciones a los Servicios Locales de Educación (SLEP), así como a las tres subsecretarías de Educación Escolar, Parvularia y Superior, la Junji y la Dirección de Educación Pública, entre otras.
Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la aprobación de un artículo impulsado por la bancada de Renovación Nacional (RN) que prohíbe el acceso a la gratuidad para estudiantes sancionados por actos graves de violencia en el marco de la Ley Aula Segura. La diputada Marcia Raphael (RN) destacó los beneficios de esta iniciativa para la comunidad educativa: "La educación debe ser un espacio seguro y libre de violencia. Esta indicación no solo busca proteger a los estudiantes y docentes, sino también garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes realmente valoran y respetan su entorno educativo. Esta medida refuerza nuestro compromiso con una educación de calidad y con el bienestar de toda la comunidad escolar". La medida fue aprobada por 76 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones. Entre los votos favorables estuvo el de la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola (PC) y legisladores de la Democracia Cristiana. Por su parte, la bancada del Partido Comunista expresó su reserva de constitucionalidad. Otro tema que llamó la atención fue la aprobación de la indicación presentada por los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, que propone suspender la aplicación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) durante el año 2025.