Por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que perfecciona el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Su objetivo es facilitar la identificación de quienes se incorporen en dicha nómina.

Además, el declarar su carácter público, para ciertos casos, pretende ser una medida de protección de la sociedad. Igualmente, se espera con ello disuadir la comisión de delitos y ayudar a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.
La moción original, respaldada por el Gobierno, la promovió el diputado Jorge Guzmán (Evópoli). En ella se establece que la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, en conjunto con el Ministerio Público, priorizarán los casos que se incluirán en el registro.

Ambas policías confeccionarán un listado con el nombre, fotografía y delito investigado o cometido por las personas buscadas. Este se publicará en sus portales institucionales y en medios de comunicación. Además, agrega que un reglamento del Ministerio de Seguridad Pública regulará la elaboración del listado y los criterios de priorización y coordinación policial.
El texto también ordena que el aviso incluya los datos de contacto de las policías. Con esto se insta a quienes tengan información relevante a comunicarse directamente con ellas. Por otro lado, los medios de comunicación y personas que difundan esta información deberán cumplir con las disposiciones para asegurar su correcta difusión.