Promover la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, cuyas labores están estrechamente relacionadas con la libertad de prensa, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, es el objetivo del proyecto, que se encuentra en votación en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la jornada, se aprobaron el marco de definiciones y principios de la norma.

En la discusión se optó por incluir a los comunicadores sociales y comunitarios entre las personas trabajadoras de las comunicaciones. Esto, pese a que no sea la actividad principal que realicen.

Respecto al concepto de agresión, se aprobó la redacción del Ejecutivo. Se define como cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de las y los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones en el ejercicio de su labor comunicacional.

Entre ellas, se consideran las desapariciones forzadas, los homicidios, secuestros, homicidios, toma de rehenes, torturas y apremios ilegítimos. Igualmente, violencia física, intimidación amenazas, detenciones ilegales y/o arbitrarias y ataques discriminatorios. Además, se contemplan la censura, violación de las comunicaciones, espionaje, vigilancia ilegal, toda forma de violencia sexual, entre otras, que puedan significar menoscabo.