Armando Rojas Jara
Investigador del Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA)
Universidad del Desarrollo

Las instituciones desempeñan un papel esencial en el tejido social, siempre que cuenten con la legitimidad de la sociedad civil. Esta legitimación depende no solo de su existencia o funcionamiento, sino también de su capacidad para proyectar un futuro coherente mediante una planificación estratégica. En el caso de las instituciones educativas, esta responsabilidad adquiere especial relevancia, ya que están encargadas de formar a las futuras generaciones, un desafío que exige propósitos claros y gestión sólida.
En este contexto, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se consolida como una herramienta clave para las escuelas. Más allá de su carácter administrativo, constituye el núcleo de la gestión escolar, tal como lo respaldan diversos marcos normativos. Entre estos destacan la Ley General de Educación (LGE), el Decreto 315 y la Ley 20.501, que regula la Alta Dirección Pública para directores. En el marco de la Ley 21.040, el PEI es un insumo esencial para la elaboración del Plan Estratégico Local de los Servicios Locales de Educación Pública.
La LGE refuerza este enfoque al establecer que los sostenedores deben elaborar el PEI con la participación activa de la comunidad. Esto asegura que sea un acuerdo colectivo que responda a las aspiraciones y particularidades de la comunidad escolar. Además, debe integrarse con los planes y programas educativos, respetando la autonomía e innovando según las necesidades de los estudiantes. Por su parte, el Decreto 315 destaca que el PEI articula valores y principios que dan sentido al quehacer pedagógico y define los sellos del establecimiento, plasmados en su visión, misión y perfil de estudiante.
El sostenedor, público o privado, tiene la responsabilidad de acompañar, monitorear y asegurar el cumplimiento del PEI, garantizando que las acciones escolares estén alineadas con sus lineamientos, fortaleciendo así la coherencia entre planificación y resultados.
¿Están nuestras instituciones educativas aprovechando plenamente el potencial del PEI para responder a una sociedad en constante transformación? Reflexionar sobre esto implica revisar cómo las escuelas abordan la gestión de su PEI. Si bien el marco normativo establece directrices claras, el desafío es transformar este instrumento en una herramienta dinámica que evolucione con las necesidades sociales, culturales y educativas.
En muchos casos, el PEI se percibe como un trámite administrativo, desconectado de la realidad escolar, lo que limita su impacto transformador. Sin embargo, cuando se concibe como un proceso colectivo, involucrando a toda la comunidad escolar, puede convertirse en un catalizador de cambios significativos. Experiencias exitosas muestran que este enfoque permite avanzar hacia una educación más pertinente y equitativa
La invitación es clara: Transformar el PEI en un catalizador de cambios significativos. Porque, al final del día, las escuelas que planifican estratégicamente su trayectoria no solo proyectan su futuro, sino que también ayudan a formar el de la sociedad en su conjunto.