Hasta ahora, diversos trámites y excesivos plazos prolongan, dificultan y encarecen la constitución de proyectos habitacionales. Sin embargo, haciendo frente al problema, una propuesta despachada por la Cámara al Ejecutivo permitirá modificar esta realidad y dar un giro al tema.
La Sala respaldó las enmiendas planteadas por el Senado, con lo cual la iniciativa quedó en posibilidad de pasar a fase de promulgación como ley.
Entre los variados cambios, se abordan aspectos como las reclamaciones ante los Serviu; responsabilidades para los arquitectos y profesionales que realicen los estudios de cálculo estructural y de mecánica de suelo; requerimientos ante las Direcciones de Obras Municipales; exigencias y plazos para la aprobación de permisos de construcción; facultades y responsabilidades de los revisores independientes; medidas de transparencia; y recepción de las obras.
Para sus fines, la propuesta modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), simplificando y agilizando los procedimientos administrativos. Considera el proceso, desde la etapa de anteproyecto, hasta la respectiva inscripción de las unidades a nombre de sus propietarios.
Esta ley amplía las facultades de las secretarías regionales ministeriales de Vivienda. Así, cuando falte el director de Obras, podrán otorgar, no sólo los permisos regulados en la LGUC, sino también todas las autorizaciones y certificados, incluidas las solicitudes para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria.
Por otra parte, el texto responsabiliza a las Direcciones de Obra Municipal (DOM), a los Servicios de Vivienda y Urbanización, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones y al Conservador de Bienes Raíces por las demoras injustificadas en el despacho de los instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.