Dos años adicionales tendrá el mundo rural para regularizar sus derechos de agua, atendiendo las dificultades que se han enfrentado en la práctica en dicho proceso. Así lo permite un proyecto aprobado por la Sala de la Cámara y enviado al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
La iniciativa, en lo medular, modifica la Ley 21.435, que reforma el Código de Aguas. Concretamente, amplía el plazo original de 18 meses para regularizar los derechos de agua. Así, se pasa del 6 de abril de 2025 al 6 de abril de 2027 como nuevo tope.
Esta medida busca corregir desventajas que enfrentan pequeños agricultores y comunidades rurales que no han podido completar los trámites. Esto se debió a diversos problemas estructurales en el proceso de inscripción, como la falta de acceso a información y tecnología. Ello se visualizó, especialmente, en zonas rurales donde los conservadores de bienes raíces no están digitalizados.
Otro aspecto observado es la desigualdad entre aquellos titulares que tienen acceso a servicios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y quienes no lo tienen. El punto es que los primeros tienen un plazo de cinco años para regularizar sus derechos, mientras que los demás solo 18 meses.
Igualmente, se constató falta de difusión y acompañamiento en el proceso de inscripción. Esto afectó, en particular, a los adultos mayores.