Establecer la obligación de los Gobernadores Regionales de dar cuenta pública del uso de los recursos obtenidos en virtud de la Ley sobre Royalty a la Minería, es la motivación que sustentó la presentación del proyecto de ley que la Sala de la Cámara aprobó y derivó a segundo trámite.
La norma surge a partir de la vigencia, el 1 de enero de 2024, de la Ley 21.591, sobre Royalty a la Minería. Una de sus innovaciones fue la creación de tres fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras; de Apoyo para la Equidad Territorial y Puente, que va en apoyo directo de las regiones.
Desde ellos se espera financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de fomento al desarrollo de actividades productivas.
Cabe recordar que en el mes de noviembre se aprobó una iniciativa similar que estableció la obligación de cuenta pública a las y los alcaldes, por este mismo concepto.
En sus fundamentos, el proyecto señala que es de gran relevancia que la destinación y ejecución de estos fondos sea transparente.