En el marco del debate respecto al uso de la prisión preventiva por parte de los tribunales del país y por los distintos puntos de vista de autoridades, el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda, se refirió a dicha cautelar enfatizando que parte importante del aumento de la privación de libertad “obedece a modificaciones legales en materia procesal penal y penal que se han efectuado desde el inicio de la reforma, fenómeno que proliferó, particularmente, durante 2022 y 2023, con casi 100 leyes publicadas en materia de seguridad”.
Afirmó que “según datos de la Defensoría, durante el año recién pasado, se decretaron 25.235 prisiones preventivas, internaciones provisorias e internaciones provisionales, y solo 4.887 arrestos domiciliarios totales”.