Camilo Farías Durán, Director Regional del Instituto de Seguridad Laboral

El inicio del año escolar trae consigo múltiples desafíos para las familias y estudiantes de nuestra región. Cuando la atención está puesta en la compra de útiles y la planificación académica, también es fundamental garantizar la protección ante accidentes que puedan ocurrir en el entorno educativo o en los trayectos de ida y regreso al establecimiento. En este contexto, el Seguro Escolar, establecido en la Ley 16.744, es un derecho esencial, administrado conjuntamente por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS).
En nuestra región, donde gran parte del estudiantado debe recorrer largas distancias para asistir a clases, el Seguro Escolar cobra aún mayor importancia. Muchos trayectos implican desplazamientos interurbanos y urbanos en microbuses, lo que refuerza la necesidad de garantizar la cobertura para la seguridad y protección de nuestras y nuestros jóvenes.
Este seguro, de carácter universal y gratuito, protege a estudiantes de establecimientos reconocidos por el Estado en todos los niveles educativos. Cubre accidentes ocurridos en el establecimiento educacional, en prácticas profesionales e incluso en el trayecto directo entre la casa y el colegio o universidad. Su cobertura incluye atención médica sin costo, hospitalizaciones, cirugías y medicamentos, otorgados por el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Mientras que el ISL es responsable de otorgar la cobertura económica con la entrega de subsidios en casos de discapacidad permanente.
A pesar de su relevancia, persisten desafíos para que más personas cuenten con toda la información necesaria sobre este derecho que beneficia a las y los estudiantes de nuestro país. Muchas familias desconocen que este seguro cubre tanto a alumnos y alumnas de establecimientos fiscales y municipales como también a particulares subvencionados y privados reconocidos por el Estado.
Desde el ISL hemos intensificado nuestra campaña informativa para que cada estudiante, apoderada y apoderado conozca sus derechos. A su vez, debemos comprometernos en fortalecer la difusión de este seguro para garantizar que ningún niño, niña, adolescente o estudiante de cualquier edad quede desprotegido por falta de información o acceso oportuno a la atención médica. La educación es el futuro de nuestro país y velar por su desarrollo en un entorno seguro no es solo un deber institucional, sino una obligación ética y política de toda la sociedad.