Propiciando la “proporcionalidad de las penas”, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura concluyó el estudio en particular del proyecto que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados. El texto ahora debe ser analizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
La instancia especializada votó la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, que responde a las preocupaciones expuestas y se eliminó lo referido al tipo culposo cuando existiera resultado de muerte.
En lo fundamental, se respaldó que: “El que apozare o extrajere recursos hidrobiológicos en una zona en la que la autoridad lo hubiere prohibido en razón del riesgo a la salud de las personas por el consumo de los mismos, será sancionado con presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales”; es decir pena de 541 días a 3 años de cárcel y una sanción económica que va desde 1 millón 200 mil pesos hasta los 3 millones 400 mil pesos”.