El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los artículos 129 bis 5°, 129 bis 6°, 129 bis 7°, 129 bis 8° y 129 bis 9°, todos del Código de Aguas.
El conflicto se originó cuando la Dirección General de Aguas (DGA) incluyó, mediante resolución publicada el 16 de enero de 2023, el derecho de aprovechamiento de aguas inscrito a nombre de la requirente en el listado de derechos afectos al pago de patente por no uso, a pesar de encontrarse en plena tramitación solicitudes de traslado parcial del ejercicio de dicho derecho.
La requirente argumenta que la inclusión es ilegal, ya que su derecho se encuentra vigente y en uso, además de que las solicitudes presentadas han excedido los plazos legales sin resolución final.
La gestión pendiente invocada en la impugnación es una reclamación que se tramita ante la Corte de Santiago en la que se cuestiona la legalidad de la resolución y se alegan vulneraciones a la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.
La Magistratura rechazó el requerimiento debido a que la supuesta tardanza en la resolución de la solicitud de cambio de captación no afecta el ejercicio del derecho ni justifica la exención del pago de patente, dado que la exención no está contemplada en la ley.