Erwin Navarrete
Director de Escuela Ingeniería en Construcción
Universidad Autónoma


Hace una semana salió de Contraloría la actualización de la Reglamentación Térmica en Chile, la cual marca un avance significativo en la construcción sostenible, democratizando así la eficiencia energética en toda la construcción nacional -incluso las financiadas con subsidio estatal- independiente de su estrato social. Desde su primera implementación en el año 2000 y su posterior revisión en 2007, la normativa térmica chilena ha buscado establecer requisitos mínimos para la edificación de viviendas, centrados en mejorar la eficiencia energética y la habitabilidad de los hogares.
La actualización de la normativa -que alcanza también a edificaciones de uso educacional y salud- no solo responde a los acuerdos internacionales, sino que también se alinea con los objetivos de la Política Energética de Chile y la reciente Ley de Eficiencia Energética. Estos compromisos incluyen la ambiciosa meta de reducir en al menos un 30% el consumo de energía de las nuevas edificaciones residenciales, medida esencial no solo para cumplir con los estándares internacionales, sino también para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
La propuesta de actualización introduce mejoras significativas en los requerimientos térmicos para muros, cielos y pisos ventilados, además de nuevas exigencias para puertas y sobrecimientos. Una de las novedades más destacadas es la incorporación de un análisis de riesgo de condensación y la exigencia de hermeticidad en la envolvente de las viviendas. También se implementarán sistemas de ventilación para asegurar la calidad del aire interior, un aspecto crucial para la salud de los habitantes.
Adicionalmente, el texto incluye una nueva zonificación térmica que reconoce las variaciones en diferentes partes del territorio, permitiendo un diseño más específico y eficiente de las construcciones.
Una vivienda con eficiencia energética tiene un impacto directo en la economía familiar y en la calidad de vida de las personas, por lo que se espera un ahorro significativo en los gastos de salud derivados de la disminución de la contaminación interior. Los ahorros en el consumo energético y en combustibles para calefacción también son beneficios económicos directos para las familias, además de aumentar la vida útil de las viviendas, reduciendo los costos de mantenimiento y postventa asociados a patologías constructivas como la humedad y los hongos. Esta prevención es crucial para evitar enfermedades respiratorias y mejorar la habitabilidad.
En la elaboración de esta nueva norma fue crucial la colaboración entre el sector público y privado, lo cual es un ejemplo de cómo se pueden lograr avances significativos cuando se trabaja en conjunto por un objetivo común: un Chile más limpio, eficiente y habitable.